INFORMACIÓN DE LOS SINDICATOS SOBRE PROCESOS SELECTIVOS TURNO LIBRE.
Los sindicatos han publicado en sus páginas oficiales la siguiente información relacionada con el estado de los procesos selectivos de Gestión y Trámite, por el turno libre:
GESTIÓN PROCESAL (TURNO LIBRE):
En relación con la corrección del tercer ejercicio de Gestión Procesal y Administrativa (turno libre) y las informaciones sobre el Tribunal Delegado de Cataluña, se ha solicitado al Ministerio de Justicia para que clarifique la situación que se está produciendo en dicho Tribunal y sobre el estado de corrección en los que se encuentran el tercer ejercicio de Gestión de dicho ámbito.
Asimismo, se apela al Secretario del Tribunal Delegado de Cataluña (en su función de coordinador de los trabajos el Tribunal) y al Tribunal Calificador Único para que se solucione el problema que exista y se pongan a corregir los ejercicios para que antes del mes de agosto se puedan publicar las relaciones de aprobados del tercer ejercicio de Gestión.
Han transcurrido cuatro meses desde la realización del tercer ejercicio sin que se conozca ni la situación, ni si está funcionando el Tribunal, lo que nos parece un despropósito.
TRAMITACIÓN PROCESAL (TURNO LIBRE):
Según el Ministerio de Justicia el examen se realizará, casi con seguridad, el próximo día 18 de julio.
Faltan por confirmar las aulas en dos ámbitos territoriales (Valladolid y Sevilla) en los que los rectores de algunas universidades se están negando a alquilar aulas al Ministerio de Justicia para la realización de oposiciones por motivos de seguridad (por la crisis COVID-19). No obstante, desde el Ministerio de Justicia, si no se consigue reservar aulas entre hoy y mañana en ambos territorios, y al objeto de realizar el examen el día 18 de julio, manejan la posibilidad de que los opositores de dichos ámbitos territoriales (sobre 400 aspirantes de Valladolid y sobre 900 en Sevilla) tengan que desplazarse a examinarse a Madrid.
Desde los sindicatos se está apelando a la responsabilidad de los distintos gestores públicos de ambas sedes (Ayuntamientos, Diputaciones, Universidades, Comunidad Autónoma y Ministerio de Justicia) para que se encuentre una solución que permita la celebración de los exámenes en dichas sedes y que evite el desplazamiento de 1.300 opositores a Madrid, lo que, además de suponer un problema económico, implica también un problema de salud pública.